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4 medidas para luchar contra el fraude en el empleo

2 de mayo de 2012



Mariano Rajoy anuncia recortes para cada Consejo de Ministros de su legislatura. ¡Miedo da! Que siga recortando y tomando medidas tan duras para la economía de los ciudadanos de a pié, cuyas consecuencias no se han demostrado en resultados positivos hasta el momento.

A pesar de estos recortes, también quiere tomar medidas para luchar contra el fraude en el empleo ocasionado en la Seguridad Social., comprobando que los trabajadores situados en Centros de Trabajo están debidamente dados de alta en el Sistema Nacional de la Seguridad Social. Una de las medidas previsibles de realizarse es la de acudir masivamente a controlar aquellas empresas susceptibles de fraude.




Y lo quiere hacer creando empleo, pudiendo llegar a un centenar las nuevas incorporaciones a esta actividad. Alrededor de 25 inspectores y 30 subinspectores inicialmente serán los encargados de realizar estas visitas a empresas de manera intensiva y extensiva.

¿Qué medidas pretende imponer?

El gobierno tiene intención de tomar cuatro medidas fundamentales  enfocadas a la perspectiva del empresario, por un lado y, al trabajador por otro.

Las líneas generales de actuación con respecto al empresario son:

·         Evitar tener empleados en activo sin cotización a la Seguridad Social y

·         El uso de extranjeros sin la documentación pertinente.

Para los trabajadores también intenta tomar medidas dispersoras de malas prácticas, como la vigilancia:

·         De aquellos trabajadores que estando cobrando desempleo estando trabajando y

·         El acceso indebido a prestaciones por desempleo.

Control y colaboración

Una campaña de sensibilización social será la primera medida a adoptar para conseguir implicar a los agentes sociales con objeto de concienciar sobre el fraude en el empleo.

A través del Servicio Público Estatal se pretende controlar la presencia de los parados ante las oficinas de empleo verificando sus compromisos derivados de la prestación de desempleo.

Además se pretende legislar para conseguir una mayor y más efectiva labor de inspección el tratamiento de los procedimientos administrativos abiertos, buscando fraudes de todo tipo incluidas las posibles empresas ficticias o contrataciones y altas fraudulentas en el sistema.

Estos planes no son efectivos sin la colaboración entre distintos organismos de la administración pública como la Agencia Tributaria, la tesorería general de la seguridad social y el instituto de la seguridad social, sin olvidar a las comunidades autónomas como responsables del área de empleo.

Las medidas vistas desde los sindicatos

A primera vista, atacar al desempleado con el concepto de posible defraudador no es bien contemplada desde las principales fuerzas sindicales y han comunicado, por escrito, que las políticas de empleo rechazadas  solo suponen un 0,023% del total.






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